Presentación

Quiero compartir mis reflexiones e ideas sobre el futuro de la sociedad


miércoles, 22 de abril de 2015

El proceso democrático en el Estado colaborativo

El proceso democrático, es la única vía para asegurar de la gobernanza y el mantenimiento de un Estado colaborativo. Es el individuo, de forma autónoma y soberana quien se constituye como ciudadano de una comunidad para  aceptar las reglas de juego. Sólo el ideal democrático se demuestra válido para  conjugar el bien individual y común.  Asegurar el proceso democrático e incrementar su nivel de calidad es el primer servicio del Estado colaborativo.
Para validar un proceso de votación debe darse una Participación efectiva de la ciudadanía, que exista Igualdad de los votos en la etapa decisoria, Autonomía para la toma de decisión,  Control de la Agenda política final e Inclusión de todas las opciones y de los ciudadanos del Estado.  El peligro de las actuales democracias participativas, es el inmovilismo de los partidos para incrementar la democracia del sistema, e implica un desbalanceo de fuerzas representativas, (la actual oligarquía partitocrática). Además, la falta de control de agenda,  y la imbricación de los intereses corporativos en lo público provocan una ruptura del “contrato social” entre instituciones del Estado y los ciudadanos. La representatividad del Estado está cuestionada, y el impulso colaborativo de la sociedad lo trunca la realidad política. El Estado colaborativo solo puede avanzar y convertirse en un nuevo “contrato social” si se acelera su reestructuración a favor de la democracia.
La mejora del proceso democrático es el garante de la colaboración, y por tanto es el único servicio que certifica la integración del Estado con cada uno de los ciudadanos. El primer punto en cuestión dentro proceso democrático Colaborativo, es la representatividad. Las democracias (o poliarquías) parlamentarias, han traspasado la confianza en la representatividad al deshacer la separación de poderes y subvertir programas y agendas políticas a intereses partidarios. La representatividad ya no es eficiente para el proceso democrático, en cuanto lo desmantela. Por ello, hay que abundar en la democracia participativa y directa en las grandes cuestiones del Estado.
La representatividad parlamentaria fue la única solución viable ante el aumento del tamaño y complejidad de los estados. El crecimiento de población y el incremento de diversidad cultural hacían inmanejable la gobernanza directa. Por otro lado, el desigual acceso a recursos, información y las diferencias culturales de la ciudadanía, obligaban a la delegación de soberanía en representantes preparados con reputación y confianza suficiente. Los parlamentos de los pasados siglos, cumplieron en gran parte su labor, al aumentar el bienestar social, y la calidad de vida de la comunidad. Pero ahora, todo ha cambiado
La creación de procedimientos y  métodos para mejorar el proceso democrático, no es sino mejorar el gobierno de un Estado, en tanto que entrega más poder al ciudadano, favorece y refrenda la colaboración.  La consecución de este objetivo, es incompatible con los tres poderes clásicos, y puede quedar fuera de su competencia. El poder judicial es el intérprete de la norma y el Ejecutivo quien preserva su cumplimiento. Corresponde en todo caso al Legislativo la creación de normas y por tanto también las que mejoran el proceso democrático. Pero la realidad histórica demuestra que esta opción es inviable. Por una parte, es notorio que la realidad social siempre va por delante de la normativa. Jamás se han dado saltos cualitativos en legislación democrática sin exigencias más o menos violentas del pueblo  o circunstancias excepcionales. Son contados los casos en que la legislación haya ido por delante de las necesidades sociales, adelantándose e innovando. Al contrario, la innovación se deja de lado en las leyes, que siempre van a remolque de la realidad y encuentran seria oposición de los gobernantes. Además, el Legislativo, como representante de la ciudadanía, adquiere un poder que no desea abandonar. La falta de un contrapeso efectivo, tiende al monopolio y como ya se ha manifestado en las últimas décadas, invade el resto de poderes mimetizándose en el Judicial e indistinguible con el Ejecutivo. En conclusión, la delegación de poder en la ciudadanía, la cercanía con realidades cambiantes y la necesaria innovación normativa son incompatibles con las tres estructuras de poder.  Cuando Montesquieu creo la estructura de los tres poderes, no podía detectar la velocidad de los cambios sociales de un mundo global tecnificado. Probablemente, concebía la democracia formal como una estructura estática, sólida y muy diferente a la actual realidad líquida y fluída.
Por ello, el Estado Colaborativo crea un cuarto poder efectivo, cuya misión es mejorar el proceso democrático y evolucionar la estructura del Estado. Funciona como interfaz entre los tres poderes clásicos y la ciudadanía, preservando la independencia entre ellos, pero sometidos a un control constante. Su misión es integrar y mantener la representatividad entre las Instituciones del Estado y la ciudadanía, impulsar el proceso democrático y velar por la gobernanza del Estado. Es la vía para oponer el inmovilismo y burocracia de las instituciones clásicas al movimiento innovador que requiere la sociedad. Este poder  es institucionalizado por la “Oficina del Ciudadano”.
Como responsable del proceso democrático, convoca  elecciones, referéndums, y consultas. Coordina e impone el debate de propuestas ciudadanas. Los grupos de trabajos ciudadano canalizan las propuestas legislativas, a través de este órgano, y pueden proponer mociones de confianza y revocación a los altos  cargos del Estado, que se canalizaran mediante dicha institución.